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El régimen oligárquico de la Restauración (1875-1923)





De la mano de Antonio Cánovas del Castillo, España retornó en 1875 a la forma de gobierno tradicional y a la dinastía borbónica con la figura de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Liquidada la tercera Guerra Carlista y obtenido el beneplácito internacional para la opción restauradora, las preocupaciones de los nuevos gobernantes se centraron en olvidar las turbulencias del Sexenio Revolucionario y redactar un texto constitucional ajustado a las necesidades del momento.

La Constitución conservadora de junio de 1876, la más sólida del panorama nacional al mantenerse en vigor hasta el golpe militar de 1923, regulaba una monarquía limitada en la cual la Corona se reservaba amplias prerrogativas merced al control del poder ejecutivo (nombramiento y cese del gobierno) y de la vida parlamentaria (disolución de las Cámaras, sanción y promulgación de las leyes). La defensa de la soberanía conjunta (Rey-Cortes), de la que Cánovas era su principal valedor, sintonizaba con la reeditada confesionalidad del Estado, la imprecisión a la hora de regular los derechos ciudadanos, pendientes por tanto del desarrollo normativo posterior, y un sinfín de calculados silencios, que hacían de la ambigüedad la clave de su dilatada vigencia. El bipartidismo de inspiración británica con conservadores y liberales turnándose en el poder, encontró en Cánovas y en Práxedes Mateo Sagasta a los carismáticos dirigentes de este sistema oligárquico y caciquil, que funcionó con escrupulosa regularidad hasta el nuevo siglo. La desaparición de ambos líderes y el fraccionamiento de sus respectivos partidos, víctimas de ambiciones y luchas intestinas, dieron al traste con este viciado aunque eficaz diseño político. El aislamiento internacional de España durante la centuria decimonónica, absorta en la resolución de sus problemas domésticos, determinó en estos años canovistas una política exterior pragmática, ecléctica y refinadamente pesimista (“no tienen alianzas los que quieren, sino los que pueden”, en palabras del líder conservador). El recogimiento exterior resultaba forzoso para este atípico Estado colonialista, confiado en sus derechos históricos y carente en sus posesiones ultramarinas de la imprescindible presencia militar y fuerza efectiva, como pronto tuvo ocasión de comprobar.

El 98 español se inscribe dentro de la redistribución colonial internacional motivada por la expansión imperialista, con notas peculiares pues se trataba de una guerra con Estados Unidos (véase Guerra Hispano-estadounidense) cuyo epicentro estaba en Cuba, ante la que se inhibieron las potencias occidentales. La pérdida de los restos del viejo imperio de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), no exenta de enajenaciones y transferencias respecto a las islas Palau, Marianas y Carolinas en la lejana Micronesia, sumió al pueblo español en una profunda crisis al haberse planteado el resultado como una disyuntiva entre la victoria o el deshonor patrio. De ahí que este 98, el ‘Desastre’ por antonomasia, sea el único no aceptado del cúmulo de reveses que sufrieron en idéntica fecha países como Portugal o Francia, significativos de la potencialidad de los nuevos colosos internacionales y del eclipse latino.

El impacto de esta liquidación colonial en la sociedad española, al margen de las secuelas económicas derivadas de la supresión de mercados y el reajuste hacendístico, suscitó una profunda autocrítica sobre las causas y posibilidades de remedio de tantas flaquezas. El movimiento regeneracionista, que tuvo en Joaquín Costa a su figura más señera, mostró un talante positivo al esforzarse en adecuar la gobernación a lo gobernado y proponer, desde posiciones muy dispares, medidas para el saneamiento de España. Ahora bien, intramuros, los problemas estructurales resultaban difíciles de erradicar. En el terreno social, por el manifiesto fracaso del modelo armonizador propuesto para atajar el conflicto entre el capital y el trabajo, y en el plano ideológico, por el agotamiento del juego político de la Restauración; en definitiva, por el hundimiento de las principales señas de identidad del sistema.

Flanqueado el siglo XX, la subida al trono de Alfonso XIII en 1902 dio comienzo a un reinado donde iban a resultar fallidos los intentos de Antonio Maura y José Canalejas de desterrar el caciquismo y lograr la ansiada regeneración nacional. Acontecimientos como la Semana Trágica de 1909, que alió a los socialistas con los republicanos en contra del gobierno, o la interpretación de ataque frontal a la Iglesia y ruptura de relaciones con Roma a raíz de la Ley del Candado de 1910, evidenciaban la visceralidad con que todavía se abordaban algunos temas sin resolver y las aludidas interferencias de poderes, rasgo medular de la contemporaneidad española.

La coyuntura exterior, desde la gran guerra que desbarató la vida de los europeos, a los contratiempos marroquíes, cada vez más dolorosos para España, contribuyó a agravar el deterioro de la política nacional, con gabinetes de gestión y concentración que, a duras penas, capearon el temporal frente a una sociedad por momentos desencantada. La crisis de 1917, una compleja revolución militar, burguesa y proletaria que estuvo a punto de hacer saltar por los aires la monarquía alfonsina, concluyó con la cesión del poder civil ante las imposiciones militares. Las presiones de las Juntas de Defensa sobre un ejecutivo impotente, acarrearon una imparable militarización de la vida pública, agudizada por sucesos como el desastre de Annual de 1921. En medio del descontento generalizado, el desgaste de la Corona y la falta de credibilidad de las instituciones abrieron de nuevo la puerta a los golpistas ante la claudicación vergonzante del poder civil.









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Publicado en: 2014-01-27 (889 Lecturas)

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